Jonathan Obando Pérez, one of the two survivors of the US attack on a suspected narco-submarine in the Caribbean Sea on October 16, is free, as confirmed exclusively by EL PAÍS. He was discharged from the hospital on Tuesday, October 28, and left the Kennedy Hospital in Bogotá—where he had been hospitalized—on his own, according to medical sources. The Attorney General's Office has only opened a preliminary inquiry against him and does not plan to turn it into a formal investigation, as it lacks evidence to suggest that Obando Pérez committed any crime in Colombia. When Obando Pérez was repatriated by the United States after the bombing, Interior Minister Armando Benedetti stated that he would be "prosecuted according to the law, because he is allegedly a criminal who was trafficking drugs." The man, whom Benedetti had called Jeison (the Prosecutor's Office file identifies him as Jonathan), arrived with brain trauma, sedated, drugged, and on a ventilator after surviving one of Washington's extrajudicial attacks against vessels in the Caribbean and the Pacific. Donald Trump himself had indicated that he would be taken to Colombia for his "detention and prosecution." A source from the Colombian Public Prosecutor's Office told this newspaper that investigators "have not found, so far, any evidence or testimony that could indicate that this person committed a crime on national territory." Since the vessel he was traveling on was destroyed, and given that the attack occurred in international waters, proving that the man is "a criminal," as Washington claims, is unlikely. "He is not obligated to testify, because there is no order requiring him to do so," added the official from the agency's anti-narcotics division. The limited investigation being carried out by the Prosecutor's Office suggests that, if the United States' version is true, Obando Pérez was just a low-level employee. “He has no criminal record, nor is his name associated with any criminal network. Most likely, he was hired to transport the cargo to a specific location, but he wasn't a drug kingpin. This is what's called outsourcing criminal activity,” the source consulted reported. Expectations about Obando Pérez's future grew at the end of October, when Andrés Fernando Tufiño, the other survivor of the October 16 attack, was released in Ecuador. The Ecuadorian Attorney General's Office released him after his medical discharge on October 20 because they also found no evidence that he was a criminal. A government document, which the Associated Press accessed, detailed that “there are no elements of conviction or indications that could lead the prosecuting or judicial authority to be certain” that Tufiño had committed a crime in Ecuadorian territory. The US network CNN found that, although he had no criminal record in Ecuador, he did have one in the United States: he had been arrested and convicted in 2020 for drug trafficking, a crime for which he was deported. Colombian authorities initially expected more time before Obando Pérez was discharged. A week after his repatriation, a confidential medical report indicated that the man had been admitted with “a fracture at the base of the skull and orbit, as well as intracerebral injuries,” although he was showing “improvement” and had been taken off respiratory support. His recovery accelerated, and he was discharged privately and without any publicity last Tuesday from Kennedy Hospital, part of Bogotá's public healthcare system. “He pulled through and was on his own,” a medical source indicated. The UN human rights chief, Volker Türk, asserted last week that the bombings ordered by Trump “violate international law” because they constitute “extrajudicial executions,” a claim supported since September, when the first vessel was attacked in the Caribbean, by human rights organizations such as Human Rights Watch and Amnesty International. Washington’s military campaign in international waters, which has now spread to the Pacific Ocean, has killed at least 64 people. Obando Pérez, Tufiño, and another person whose identity is unknown and who survived an attack in the Pacific, are the only survivors. The decision to send the Colombian and the Ecuadorian back to their respective countries is not arbitrary. Legal experts told Reuters that, in this way, Washington would not "have to deal with thorny legal issues related to the military detention of suspected drug traffickers" because their alleged crimes "do not clearly fit the laws of war."

Jonathan Obando Pérez, uno de los dos sobrevivientes del ataque de Estados Unidos contra un supuesto narcosubmarino en el mar Caribe el pasado 16 de octubre, está en libertad, según ha confirmado EL PAÍS en exclusiva. El hombre fue dado de alta de su hospitalización el pasado martes 28 y salió del Hospital de Kennedy de Bogotá —donde estaba internado— por sus propios medios, según fuentes médicas. La Fiscalía solo ha abierto una indagación preliminar en su contra, pero no prevé convertirla en una investigación formal, pues no tiene elementos para señalar que Obando Pérez haya cometido algún delito en Colombia.Cuando Obando Pérez fue repatriado por Estados Unidos tras el bombardeo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que sería “procesado según la justicia, porque presuntamente es un delincuente que estaba traficando droga”. El hombre, al que Benedetti había llamado Jeison (el expediente de la Fiscalía lo identifica como Jonathan), llegó con traumas cerebrales, sedado, dopado y respirando con ventilador tras sobrevivir a uno de los ataques extrajudiciales de Washington contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El mismo Donald Trump había indicado que sería llevado a Colombia para su “detención y procesamiento”. Una fuente del Ministerio Público colombiano señala a este diario que los investigadores “no encuentran, hasta el momento, material probatorio ni testimonial que pueda indicar que esta persona cometió un delito en territorio nacional”. Al haber sido destruida la embarcación en la que viajaba, y dado que el ataque ocurrió en aguas internacionales, demostrar que el hombre es “un criminal”, como dice Washington, es improbable. “No está obligado a declarar, porque no hay ninguna orden que lo determine”, añade el funcionario de la dirección de antinarcóticos del organismo.La limitada investigación que adelanta la Fiscalía apunta a que, de ser cierta la versión de Estados Unidos, Obando Pérez era solo un trabajador de último orden. “No tiene antecedentes penales, ni tampoco su nombre hace parte de ninguna red criminal. Lo más probable es que hubiera sido contratado para llevar la carga a determinado punto, pero no que él fuera un cerebro del narco. Es lo que se llama una tercerización de la actividad delictiva”, informa la fuente consultada.La expectativa sobre el futuro de Obando Pérez crecía a finales de octubre, cuando en Ecuador fue liberado Andrés Fernando Tufiño, el otro sobreviviente del ataque del día 16. La Fiscalía de ese país lo dejó en libertad tras el alta médica el día 20 porque tampoco encontró pruebas de que fuera un criminal. Un documento gubernamental, al que tuvo acceso la agencia Associated Press, detallaba que “no existen elementos de convicción ni indicios que puedan llevar a la autoridad fiscal o judicial a tener la certeza” de que Tufiño había cometido un delito en territorio ecuatoriano. La cadena estadounidense CNN encontró que, aunque no tenía un expediente criminal en Ecuador, sí lo tenía en Estados Unidos: había sido arrestado y condenado en 2020 por contrabando de drogas, delito por el que fue deportado.Las autoridades colombianas contaban, en principio, con más tiempo antes de que Obando Pérez fuera dado de alta. Una semana después de su repatriación, un informe médico reservado indicaba que el hombre había sido ingresado con “una fractura en la base del cráneo y órbita, así como lesiones intracerebrales” aunque presentaba “mejoras” y le había sido retirada la asistencia respiratoria. Su recuperación se aceleró y fue dado de alta, de forma privada y sin difusión alguna, el pasado martes por el Hospital de Kennedy, de la red pública de Bogotá. “Salió bien y por sus propios medios”, indica una fuente médica.El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, aseguró la semana pasada que los bombardeos ordenados por Trump “violan el derecho internacional” pues se tratan de “ejecuciones extrajudiciales”, una denuncia que han apoyado desde septiembre, cuando se atacó a la primera embarcación en el Caribe, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. La campaña militar de Washington en aguas internacionales, que ya se extendió al océano Pacífico, ha matado a al menos 64 personas. Obando Pérez, Tufiño y otra persona de la que se desconocen sus datos y que sobrevivió a un ataque en el Pacífico, han sido los únicos sobrevivientes.La decisión de haber enviado al colombiano y al ecuatoriano a sus respectivos países no es arbitraria. Expertos jurídicos señalaban a la agencia Reuters que, así, Washington no “tendría que lidiar con espinosas cuestiones legales relacionadas con la detención militar de presuntos narcotraficantes” pues sus supuestos delitos “no encajan con claridad en las leyes de la guerra”.