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Militares estadounidenses matan a ocho pescadores mexicanos en el Pacífico El sino del escorpión confirma la indignante y triste información de que el pueblo donde se refugió apenas hasta diciembre pasado, La Cruz de Huanacaxtle, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, vive momentos de consternación tras confirmarse que, en un operativo militar realizado por Estados Unidos en el Pacífico, fueron bombardeadas dos lanchas con ocho pescadores originarios de esta comunidad costera. Lo más sorprendente es que no hay información oficial sobre este doloroso tema por parte de ninguna autoridad mexicana local o nacional, ni de las mesas de seguridad, ni del presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, ni del Gobernador Miguel Àngel Navarro Quintero. Lo que se sabe proviene del Comando Sur de Estados Unidos, desde donde se informó que las acciones formaron parte de la estrategia denominada “Lanza del Sur”, establecida desde septiembre dentro de su zona de responsabilidad en América Latina y el Caribe. Según este reporte, las lanchas interceptadas transitaban por rutas previamente identificadas por autoridades estadounidenses como utilizadas para actividades de narcotráfico. Los medios locales, como Tribuna de la Bahía, Observando en la Bahía, Meridiano Vallarta y otros, así como las redes sociales de los distintos poblados de la bahía, han informado ampliamente sobre este ataque de resultados mortales para ocho pescadores nayaritas, sin que los medios nacionales hayan tampoco reportado esta calamidad, opacada por la noticia, esa sí ampliamente cubierta por los medios nacionales, de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país en contra de una serie de empresas y sus representantes por la maquinación de un gran fraude inmobiliario que involucra también al Cártel Jalisco Nueva Generación. La información del ataque a las dos lanchas pesqueras mexicanas se difundió el martes 17 de febrero y durante el miércoles 18 los familiares de las víctimas confirmaron que al menos ocho de los tripulantes fallecidos eran originarios de las comunidades costeras La Cruz de Huanacaxtle y Corral del Risco, en la Bahía de Banderas. Hasta el escorpión llegó vía redes sociales la invitación a la misa en conmemoración de los fallecidos que se realizó el jueves 19 en la Iglesia de la Santa Cruz junto con una impresionante procesión por la Marina del pueblo, desde donde se despidió con flores a los “desaparecidos en el mar”, ya que no existen restos de ninguno de ellos. Las dos embarcaciones fueron atacadas en aguas internacionales del Pacífico, donde fallecieron los ocho tripulantes, las lanchas fueron destruidas durante el operativo militar, que también incluyó otro ataque en el Caribe. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado detalles adicionales sobre los tripulantes ni las coordenadas exactas donde se realizaron las acciones en el Pacífico y el Caribe. Por lo pronto, quedan ocho familias diezmadas por los militares de Estados Unidos sin que haya una respuesta del Gobierno mexicano, información oficial pertinente y ni siquiera un acercamiento a las familias de los pescadores víctimas, todos hombres de mar, de trabajo y esfuerzo bien conocidos en La Cruz, donde el escorpión pasó los últimos tres años de su vida antes de regresar por motivos de salud a la ciudad de México. El escorpión se permite aquí citar los nombres ya confirmados de los ocho marinos fallecidos, porque su identidad se dio a conocer ampliamente tanto en la comunidad de La Cruz como a través de redes sociales. Edgar Valerio Ramos, Diego Ocampo González, Pedro Torres Falcón, Luis Carlos Torres Jiménez, Carlos Torres Zamora, Abel Ramos Jiménez, Braulio Cruz Joya y José Francisco Reyes García. Todos víctimas arteras, sin juicio ni pruebas de culpabilidad alguna, de los militares estadounidenses. Este reciente operativo militar de Estados Unidos en el Pacífico nos recuerda que las grandes estrategias geopolíticas y las decisiones tomadas en Washington, bajo el paraguas del Comando Sur y la operación “Lanza del Sur”, no sólo sigue produciendo víctimas venezolanas inocentes (hasta no probarse lo contrario) en aguas del Caribe, sino también ahora se traducen en pérdidas humanas en comunidades costeras mexicanas. La narrativa oficial habla de embarcaciones vinculadas al narcotráfico, destruidas en aguas internacionales. Sin embargo, en Bahía de Banderas el duelo tiene nombres y rostros: pescadores, jóvenes conocidos, parte de la base social y productiva de la región. La distancia entre el discurso de seguridad global y la vida comunitaria es abismal. Este operativo no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para reforzar su presencia militar en América Latina y el Caribe. La lógica es clara: intervención, presión y demostración de fuerza. Pero la legitimidad es cuestionable. ¿Qué lugar ocupa la soberanía mexicana cuando un país extranjero actúa unilateralmente en aguas internacionales, con consecuencias directas y mortales para los habitantes de nuestras comunidades? En Bahía de Banderas, el impacto ha sido doble, le informan sus amigos al escorpión: por un lado, el golpe emocional de perder a vecinos conocidos y familiares en un operativo lejano y opaco. Por otro, la percepción de que la región está marcada por la ruta del narcotráfico, lo que amenaza la de por si explotadora y privatizadora industria turística (envuelta hoy en corrupciones de todo tipo) y la confianza internacional. ¿Qué significa la seguridad cuando se mide en términos de intervención militar y no de dignidad comunitaria? La Cruz de Huanacaxtle muestra que la seguridad no puede reducirse a cifras de embarcaciones destruidas ni a discursos de “combate al narcotráfico”. La seguridad debería ser la posibilidad de que un pescador regrese vivo a casa y que su comunidad costera no quede atrapada entre la narrativa de guerra y la realidad del duelo. El operativo en el Pacífico es, en última instancia, un espejo. Refleja la tensión entre la política regional de Estados Unidos y la fragilidad de nuestras comunidades locales. ¿Está nuestro país dispuesto a aceptar que la geopolítica se escriba con sangre mexicana, o se debe exigir que la seguridad se redefina desde la vida de las comunidades, la soberanía y la dignidad?